Me gustaría hacer una doble reflexión previa. La integración de España en la UE, la globalización y la revolución tecnológica, especialmente de las comunicaciones, difuminan en ocasiones las fronteras entre la política exterior tradicional y la política interior. Creo firmemente que la base de una activa política exterior es que España siga fortaleciéndose internamente: que España sea más fuerte. La estabilidad política y la económica son claves. La pérdida de peso relativo internacional de España a la que tuve que hacer frente al llegar al gobierno era en gran medida un reflejo de las debilidades internas. La credibilidad de España en el exterior empieza por tener nuestra propia casa bien ordenada y en buen funcionamiento.
Sobre las tres prioridades por las que me preguntan:
Es evidente que en España –como en todos los países– tenemos una serie de condicionantes históricos, geográficos, demográficos, económicos y políticos. A mí, más que determinar nuestro peso en un momento dado, lo que me preocupa es nuestro nivel de ambición. Como he señalado, lo esencial es un país fuerte y estable. A partir de ahí nuestro trabajo, nuestra inteligencia, nuestro dinamismo y nuestra determinación nos permitirán proyectarnos hacia fuera, ser mejores, influir más. A veces se ha dicho con un cierto tono de fatalismo/resignación que no podemos “pelear por encima de nuestro peso”. Yo creo que, con cautela, siempre debemos aspirar a más y esforzarnos para conseguirlo. Reducir nuestro nivel de ambición no parece razonable. Y recordemos una cosa: más peso implica más responsabilidad.
Actualmente, hasta diciembre de 2016, España es miembro del Consejo de Seguridad tras una campaña que nos exigió un gran esfuerzo. Ello es una muestra que nuestro buen hacer es reconocido por la Comunidad Internacional. Nuestra pertenencia al Consejo de Seguridad nos da una gran proyección internacional que supone al mismo tiempo una responsabilidad y una oportunidad para influir las decisiones. Yo otorgo gran importancia al sistema de Naciones Unidas y al hecho de estar en el Consejo de Seguridad, por ello, he querido presidir una sesión del mismo dedicada a Mujer, Paz y Seguridad.
La UE es ya un actor global: es la primera potencia comercial del mundo (con el 16,5% de las importaciones y exportaciones mundiales), es el primer donante de ayuda al desarrollo y es un actor determinante en la promoción de estándares internacionales como la protección y promoción de los derechos humanos y el Estado de derecho. Sus iniciativas en materia de política exterior (véase el papel que ha jugado en el reciente acuerdo nuclear con Irán) y sus misiones de paz y seguridad (lucha contra la piratería, etc.) ejemplifican este importante papel.
No obstante, Europa ha vivido estos últimos años intentando sortear la mayor crisis económica conocida desde que se iniciara el proyecto europeo. Y esta crisis ha puesto de relieve que si La UE quiere fortalecer su papel en el mundo debe empezar por fortalecerse. La reforma de la Unión Económica y Monetaria –cuyos defectos de diseño se pusieron de manifiesto durante esta crisis–, la conclusión del mercado interior, la creación de una verdadera unión energética y la profundización en la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, desarrollando una política común de asilo, inmigración y control de las fronteras exteriores en estrecha colaboración con los países de origen y tránsito, son retos en los que la UE está embarcada y permitirán una Unión más cohesionada, algo que repercutirá sin duda en el fortalecimiento de su posición en el mundo.
La alta representante para la Política Exterior tiene el claro cometido de dotar de una mayor coherencia a las diversas dimensiones exteriores de la Unión. España viene reclamando un refuerzo de la política común de seguridad y defensa (PCSD) avanzando, como señala el Tratado de la UE, hacia la definición progresiva de una política común de defensa. Además, deberían aprovecharse las asociaciones regionales para, desde el multilateralismo, dotar a la UE de un mayor protagonismo en la escena internacional (Naciones Unidas, G20, etc.).
Igualmente, España promueve la instauración de mecanismos que permitan una mayor integración y eficiencia en la mejora de la toma de decisiones en materia de política exterior y de seguridad común. A medio/largo plazo sería beneficiosa la ampliación de las materias en las que las decisiones puedan tomarse por mayoría cualificada en el Consejo o la mejora en la interlocución única de la UE en la escena internacional.
Sin entrar en debates nominalistas que suscitan división, lo que es evidente es que la dinámica de la integración europea lleva de forma natural a compartir soberanía. La integración económica precisa de integración política para dotar a nuestras instituciones comunes de legitimidad democrática. Además, la misma dinámica internacional exige respuestas comunes a problemas globales que no pueden ser resueltos por cada país por separado: prácticamente no hay cuestión de calado a la que nos enfrentemos –como la crisis migratoria y de refugiados, la crisis económica, los desafíos a nuestra seguridad en el este y en sur de Europa, etc.– a la que no podamos dar una respuesta más eficaz si no es desde una perspectiva unitaria europea.
España cree que es necesario compartir la carga financiera, especialmente tras años de continuas reducciones en una situación de crisis. No obstante, este reparto debe tener en cuenta la situación económica de cada país, la sostenibilidad de los compromisos que se adquieren y, especialmente, las contribuciones reales de cada aliado a la seguridad.
El porcentaje del PIB que se dedica a defensa no es fiel reflejo del esfuerzo real que se realiza. Lo importante no es sólo “lo que gastamos” sino “cómo lo hacemos” y nuestra aportación a otras organizaciones internacionales, pues la seguridad trasnacional trasciende del marco de la Alianza (UE, Naciones Unidas o 5+5 de Defensa). España exporta estabilidad y contribuye con eficacia a la seguridad global.
Hemos mostrado nuestra voluntad de cumplir con los compromisos legales frenando la tendencia decreciente de los presupuestos de Defensa en 2013 y aumentándolos ligeramente en 2014 y 2015.
España apoya los avances hacia la Europa de la Defensa y por ello ha priorizado su participación en las Operaciones UE, donde es uno de los mayores contribuyentes. Estamos presentes en todos los teatros de operaciones de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) y recientemente hemos liderado la misión en Mali.
La intervención de España en misiones internacionales se realiza fundamentalmente en el marco de decisiones acordadas en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o en su condición de miembro de la OTAN o de la UE. A ello se une las decisiones de la Cortes Generales.
España es un país serio que contribuye a la seguridad internacional. Por ello, hemos participado y participaremos en las misiones en función de las necesidades. Desde luego, si es preciso, estamos dispuestos a incrementar nuestra participación. Es bueno para España y para nuestras fuerzas armadas.
España y EEUU somos aliados y nos comportamos como tales. Compartimos intereses y enfrentamos retos conjuntamente. El Tercer Protocolo de Enmienda, del Convenio de Cooperación para la Defensa de 1988 responde a este propósito y representa un sustancial fortalecimiento de las relaciones bilaterales en el ámbito de la defensa. Ha sido aprobado con el acuerdo de las principales fuerzas políticas españolas, como ocurrió con el Segundo Protocolo en 2012. España mantiene su plena y exclusiva soberanía sobre la Base Aérea de Morón y el aumento del despliegue de EEUU que se prevé requerirá en todo caso consultas al máximo nivel entre ambos gobiernos a través de sus respectivos ministros de Defensa.
Las amenazas mutan y nosotros debemos adaptarnos intentando ir por delante. Hemos modificado en tres ocasiones el Convenio de 1988, pero a medio plazo deberíamos dotarnos de un nuevo Convenio que, incorporando las modificaciones de los últimos años u otras que puedan surgir, responda a los desafíos del siglo XXI.
Este gobierno es un firme defensor del libre comercio. Además, el futuro pasa ineludiblemente por más integración, no por más fronteras. Algunos pueden arrastrar los pies, pero es un proceso en marcha.
La conclusión de un acuerdo amplio sobre comercio e inversiones entre la UE y EEUU, que pueda merecer el nombre de “partenariado”, es una aspiración de importancia singular en el propósito de convertir a la UE en un actor de dimensión global. No en vano, su consecución ha sido identificada como una de las 10 prioridades de la actual Comisión Europea encabezada por Jean-Claude Juncker. El verdadero “salto hacia adelante” lo constituiría la firma de un acuerdo ambicioso, que fuese más allá del contenido clásico de los acuerdos comerciales, y que sirviese para marcar los estándares del comercio internacional de bienes y servicios tanto en el ámbito multilateral como bilateral, y sea ejemplo para otros procesos de integración comercial y económica en otras partes del mundo.
Todo ello con las debidas garantías y transparencia, que permitan calmar las inquietudes de quienes ven en la negociación de ciertas partes de este acuerdo una amenaza a los modelos sociales y jurídicos europeos. En ningún caso el TTIP puede ser sinónimo de renuncia para los europeos, sino una oportunidad de constituir un espacio de intercambio y enriquecimiento entre las dos zonas con mayor intercambio comercial del planeta, tanto cuantitativamente (mayor zona comercial del mundo) como cualitativamente (plataforma para sentar estándares y principios de regulación a nivel mundial).
España, en el seno de la UE, promueve una relación económica con China basada en el establecimiento de un level playing field que permita competir a las empresas de ambos lados en condiciones justas y proteja adecuadamente la propiedad intelectual y los derechos de los inversores. La competencia que sufren algunas empresas europeas tradicionalmente, tiene que ver con condiciones de producción diferentes en China y en Europa y la práctica inexistencia de restricciones por parte europea para la deslocalización industrial que permite a algunas de nuestras empresas aprovechar sus ventajas relativas.
España mantiene desde su ingreso en la EU una actitud muy favorable al desarrollo del libre mercado, por lo que no aboga en sus relaciones con China por el proteccionismo. Posiblemente, España debe de concentrar sus esfuerzos en la identificación y levantamiento de las restricciones que limitan la entrada de nuestros productos e instar a los responsables de la UE a seguir actuando contra prácticas comerciales de empresas chinas que falseen la competencia en el Mercado Interior y perjudiquen a nuestras compañías.
España ha sido, tradicionalmente, muy dependiente del exterior en materia energética. En la UE sólo nos superan en esa dependencia exterior Malta, Luxemburgo, Chipre, Irlanda, Lituania, Bélgica, Italia y Portugal. No obstante, factores como la crisis económica, la evolución del modelo productivo español hacia actividades con menor intensidad energética y la mayor participación de las energías renovables en el mix energético han facilitado que la tasa de dependencia exterior haya bajado desde máximos superiores al 80% al entorno del 70%, en 2014.
Nuestra política energética, determinada por nuestra condición de miembros de Naciones Unidades y de la UE, nos compromete en la lucha contra el cambio climático y con la consiguiente reducción de gases de efecto invernadero. Estos compromisos están fuertemente relacionados con la construcción de un verdadero mercado único de la energía en la UE, que permita atender estos compromisos en materia de lucha contra el cambio climático. Para ello es imprescindible avanzar en el desarrollo de infraestructuras de conexiones eléctricas y gasísticas como condición de posibilidad de este mercado único, que también permitirá diversificar las fuentes de suministro y con ello mitigar la influencia de las situaciones de dependencia energética en las relaciones con terceros países. España ha insistido en estas ideas y así quedaron materializadas tanto en las conclusiones del Consejo Europeo de octubre de 2014 como en la Cumbre sobre interconexiones que tuvimos entre Francia, Portugal y la Comisión Europea en marzo de este año en Madrid, y que dio lugar a la Declaración de Madrid de 4 de marzo de 2015 sobre esa cuestión.
La reducción de la ayuda al desarrollo se inició ya en la legislatura anterior y continuó en la actual, dadas las restricciones presupuestarias. La voluntad de mi gobierno es, superada la crisis económica, dedicar más recursos a la cooperación al desarrollo, que constituye un elemento clave de nuestra política exterior.
En esta legislatura, siguiendo las directrices del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, hemos procedido a una racionalización de la cooperación al desarrollo para hacerla más eficiente. Hemos procedido a una concentración geográfica y temática. Es evidente que la cantidad de recursos destinados es importante, pero también lo es la calidad de nuestra cooperación al desarrollo. Nuestra inversión en cooperación debe tener impacto real para mejorar la vida de muchas personas.
¿Sería partidario de consagrar ese objetivo en una Ley, como lo ha hecho el Reino Unido? Es una cuestión a estudiar. Sí que soy claramente partidario de incrementar los recursos de la cooperación al desarrollo. Es, quizá, más realista un objetivo político que se module según las circunstancias. Mi experiencia como presidente del gobierno es que una cooperación al desarrollo bien gestionada es una inversión no sólo en la paz, prosperidad, estabilidad y bienestar de los países que la reciben, sino también en la paz, prosperidad, estabilidad y bienestar de los españoles.
Marca España es una iniciativa estratégica que ha tenido éxito como lo demuestran los buenos resultados obtenidos en sus dos objetivos prioritarios: la mejora de la imagen-país de España y la recuperación de la autoestima entre los españoles. Ambos indicadores han mejorado claramente en el último año. La mejor manera de contribuir a mejorar la percepción de España es ser un país serio y confiable, es decir, tener credibilidad. Esto es lo que este gobierno ha demostrado y seguirá haciéndolo.
Como gobierno reformista estamos dispuestos a tomar medidas para mejorar los resultados de cualquier iniciativa. Marca España –que, reitero, ha tenido éxito– debe ser dinámica y actualizarse permanentemente. Debe profundizar su labor de análisis y seguimiento de la imagen-país interior y exterior, reforzar su función de coordinación de las iniciativas públicas y privadas en esta materia y perfeccionar su estrategia de comunicación. Todo ello para cumplir su objetivo: mejorar la percepción de España.
En esta legislatura se ha hecho un esfuerzo importante para modernizar el marco jurídico de nuestra acción exterior y para dotarlo de instrumentos que permitan su mejor planificación y control. Se han aprobado la Ley de Acción y del Servicio Exterior, la Ley de Tratados y la Ley de Inmunidades. Además, el gobierno ha sacado adelante un nuevo Reglamento de la Carrera diplomática.
En el ámbito de la seguridad, hay que subrayar, también, que se ha creado el Consejo de Seguridad Nacional –presidido por el presidente del gobierno– y lo hemos hecho mediante una ley que ha sumado al principal partido de la oposición. El gobierno ha aprobado la Estrategia de Acción Exterior y la Estrategia de Seguridad Nacional, así como la tres estrategias sectoriales que dependen de esta última: seguridad marítima, ciberseguridad y seguridad energética, que cuentan todas ellas con una importante dimensión exterior.
Asimismo, el control parlamentario se refuerza con la comparecencia anual del secretario del mencionado Consejo en el Congreso de los Diputados para presentar el informe anual.
La Ley de Acción y del Servicio Exterior mejora notablemente el marco jurídico y conceptual de nuestra acción exterior: (a) sistematiza la planificación estratégica y el control de su ejecución; (b) institucionaliza el proceso de coordinación y consulta a través del Consejo de Política Exterior; (c) refuerza el control parlamentario de nuestra política exterior; y (4) establece mecanismos para racionalizar el despliegue exterior.
Por su parte, la Estrategia de Acción Exterior surge de la constatación de que era necesaria una re-evaluación de las prioridades, objetivos y acciones, y para su elaboración se llevó a cabo un amplio proceso de consultas tanto a nivel institucional como con la sociedad civil. El resultado ha sido un documento que acomoda las aspiraciones de la gran mayoría de la sociedad española y que, de cara al futuro, se adaptará a los cambios y circunstancias sobrevenidas que se registren en el contexto internacional mediante la incorporación de las modificaciones propuestas en el Informe Anual de Acción Exterior.
Sin duda el español –nuestra lengua y nuestra cultura– es un potente recurso para potenciar nuestra imagen-país. Somos una gran potencia lingüística. La lengua es clave en la política exterior de España. El español es un activo en expansión y nuestro reto es que alcance toda su potencialidad, como lengua y como cultura.
El español es hablado en más de 20 países en el mundo por más de 500 millones de personas. Su peso e influencia en la cultura de países donde no es la lengua oficial, como EEUU, es incontestable.
Pero los españoles representamos menos del 10% de los hispanohablantes. La mejor política pasa por la alianza con el resto de las naciones hispanohablantes.
El 60% de la programación cultural del Instituto Cervantes se organiza con los países hispanoamericanos y se está llevando a cabo un plan de “iberoamericanización” del Instituto cuyo objetivo es muy claro: lograr que el español sea una de las tres grandes lenguas del siglo XXI junto con el inglés y el chino.
Nuestra relación con la región es excelente. Desde mi llegada al gobierno he prestado especial atención a América Latina, intentado desarrollar una relación de igual a igual, más equilibrada. España apoya los diferentes procesos de integración regional, entre otros, CELAC, UNASUR, Alianza del Pacífico, Mercosur... Todos pueden aportar cosas para mejorar el bienestar de los ciudadanos, que es nuestro objetivo último. Hay que seguir trabajando en la reforma de la Comunidad Iberoamericana, enriqueciéndola y potenciando sus relaciones con la UE en las que tanto España como Portugal estamos especialmente interesados.
En el ámbito político debemos seguir potenciando nuestra capacidad de interlocución con toda la región y fortalecer las relaciones bilaterales en función de las circunstancias y especificidades de cada país.
En el ámbito comercial hay que incrementar los intercambios, aún por debajo de su potencial, fomentando la conclusión de acuerdos de libre comercio con la UE y la modernización de los ya existentes. Asimismo, la importante inversión española –que tiene una decidida vocación de permanencia– debe fomentarse y para ello lo más importante es la seguridad jurídica. Además, debemos de buscar vías para atraer inversión latinoamericana a España, esto es, un camino de doble sentido.
La cooperación al desarrollo ha de evolucionar en función de las necesidades de unos países que ya son en su mayoría de renta media y que necesitan ayuda en sus procesos de modernización institucional, innovación tecnológica y transferencia de conocimiento. Todo ello sin olvidar enfoques más tradicionales de la cooperación al desarrollo.
Quiero destacar la importancia que le hemos otorgado a la Alianza del Pacífico. España fue el primer país europeo en convertirse en Estado Observador, mostrando un liderazgo que luego han seguido otros muchos países. La Alianza del Pacífico encarna valores que compartimos, como es el libre comercio. Esa libertad debe estar unida a la mejora en la circulación de personas y, por ello, España impulsó y logró tras una intensa campaña en la UE la exención del requisito del visado Schengen para los ciudadanos peruanos y colombianos.
España es un país de principios y plenamente respetuoso del Derecho Internacional. Defendemos la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania y, por ello, hemos condenado la anexión ilegal de Crimea y denunciado la desestabilización en Ucrania oriental. Es clave que la UE mantenga su unidad, que es un valor en sí mismo. A finales de octubre la situación es mucho mejor que hace unos meses, aunque hay que seguir esforzándose por avanzar en la solución política.
En todo caso, Rusia es un gran país, un vecino muy importante de la UE y un actor global de primer orden con el que hay que contar para afrontar numerosos retos. Es preciso recuperar la visión estratégica, a largo plazo, en nuestras relaciones. Para ello debemos, entre otras cosas: (a) mantener la interlocución al más alto nivel con las autoridades rusas; (b) sin renunciar a nuestros principios, ser sensibles a sus planteamientos; y (c) crear una agenda positiva que incluya aspectos comerciales y el reforzamiento de los contactos entre ciudadanos y con la sociedad civil.
Los objetivos se pueden resumir en uno: estabilidad. Las bases de la misma son la existencia de unos niveles mínimos de seguridad –todos tenemos que asumir compromisos–, el respeto a los derechos humanos y la lucha contra la pobreza. Es una tarea permanente y a largo plazo. A partir de esa base hay que contribuir a mejorar la institucionalidad y a fomentar el desarrollo económico. España tiene una especial sensibilidad y responsabilidad. Somos conscientes de los desafíos y amenazas a las que nos enfrentamos, pero también de las oportunidades que se presentan. La mejor política de vecindad es aquella que permite que tus vecinos gocen de estabilidad. Su estabilidad es la nuestra.
Debemos profundizar la integración económica de la región mediterránea con la UE, lo que sin duda redundará al mismo tiempo en la creación de un espacio regional de cooperación sur-sur.
Quiero subrayar la importancia de Barcelona como capital española del Mediterráneo. Su papel como tal se ha visto reforzado en la presente legislatura como lo muestra la celebración del I Foro Económico del Mediterráneo Occidental: Diálogo 5+5 (octubre 2013) y de la Conferencia Ministerial sobre la Vecindad Sur el pasado mes de abril.
Me gustaría subrayar dos retos comunes en los que nos esforzamos conjuntamente: la lucha contra el yihadismo, que no conoce ni fronteras ni religiones, y la gestión ordenada de los flujos migratorios para hacer frente a un drama desgarrador que provoca miles de víctimas.
En primer lugar debo subrayar que las relaciones bilaterales son excelentes y creo que todo el mundo lo percibe. La cooperación entre ambos países en múltiples ámbitos ha generado un nivel de confianza sobre el que se pueden construir muchas cosas y afrontar con serenidad las inevitables discrepancias que puedan surgir entre vecinos. En esta legislatura hemos recuperado las Reuniones de Alto Nivel y existe un continuo flujo de intercambio de visitas que seguiremos en la próxima legislatura.
La cooperación en materia de interior –lucha contra la inmigración ilegal, el narcotráfico y el terrorismo– es modélica. Las relaciones comerciales y de inversión son excelentes. Mi intención es que en los próximos años Marruecos siga siendo nuestro principal cliente fuera de la UE, tras EEUU, y que España, con más de 17.000 empresas exportadoras, sea el principal socio comercial de Marruecos.
El fortalecimiento de la relación bilateral con Marruecos debe venir acompañado –así ha sido en los últimos cuatro años– del impulso de nuestras relaciones con Argelia. Este gobierno ha demostrado que se pueden tener buenas relaciones con nuestros dos grandes vecinos del Magreb al mismo tiempo. Además, aspiramos a que la relación entre ellos mejore.
Considero que existe un alto grado de coordinación, aunque evidentemente todos debemos de trabajar para mejorarlo y reducir posibles disfunciones. En gran medida ese es uno de los objetivos de la Ley y la Estrategia de Acción Exterior, mejorar la coordinación de los distintos actores que tienen proyección exterior, respetando el marco constitucional que establece que la política exterior es competencia exclusiva del Estado y su dirección corresponde al gobierno. Para ello la Ley desarrolla las competencias del Consejo de Política Exterior, órgano colegiado que se configura como órgano asesor del presidente del gobierno.
Con este sistema, sin perjuicio del papel de planificación, ejecución y coordinación de la política exterior que se atribuye al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, se da por tanto una mayor responsabilidad a la Presidencia del Gobierno en la coordinación e impulso de la acción exterior del Estado, con objeto de afrontar más eficazmente la realidad un Estado moderno con diversos niveles políticos y administrativos que a su vez pueden proyectar su acción hacia el exterior en el marco competencial establecido por la Constitución.
En general, creo que existe consenso sobre las líneas generales de política exterior: la política europea, la política de seguridad y defensa, la importancia de la región mediterránea, de América Latina y el papel central del sistema de Naciones Unidas. Siempre hay alguna discrepancia, pero al menos los dos principales partidos del país estamos de acuerdo en los principios básicos de la política exterior. Creo que un buen ejemplo de consenso entre los dos principales partidos fue la firma del pacto contra el terrorismo yihadista el pasado mes de mayo.
La política exterior, como política de Estado, requiere el mayor grado posible de consenso porque nos da estabilidad, previsibilidad y credibilidad, algo que es muy difícil de alcanzar y muy fácil de perder. Yo siempre he buscado y buscaré consensos en los asuntos prioritarios para España. Creo que además del consenso político es preciso mejorar el consenso social. Nuestros ciudadanos tienen que verse reflejados en nuestra política exterior que debe proyectar nuestros valores constitucionales y sociales. Para ello es clave incrementar los niveles de transparencia, pedagogía y control parlamentario.
Estos principios han inspirado buena parte de las reformas que hemos realizado en esta legislatura en el ámbito de la política exterior.
