En esta legislatura se ha hecho un esfuerzo importante para modernizar el marco jurídico de nuestra acción exterior y para dotarlo de instrumentos que permitan su mejor planificación y control. Se han aprobado la Ley de Acción y del Servicio Exterior, la Ley de Tratados y la Ley de Inmunidades. Además, el gobierno ha sacado adelante un nuevo Reglamento de la Carrera diplomática.
En el ámbito de la seguridad, hay que subrayar, también, que se ha creado el Consejo de Seguridad Nacional –presidido por el presidente del gobierno– y lo hemos hecho mediante una ley que ha sumado al principal partido de la oposición. El gobierno ha aprobado la Estrategia de Acción Exterior y la Estrategia de Seguridad Nacional, así como la tres estrategias sectoriales que dependen de esta última: seguridad marítima, ciberseguridad y seguridad energética, que cuentan todas ellas con una importante dimensión exterior.
Asimismo, el control parlamentario se refuerza con la comparecencia anual del secretario del mencionado Consejo en el Congreso de los Diputados para presentar el informe anual.
La Ley de Acción y del Servicio Exterior mejora notablemente el marco jurídico y conceptual de nuestra acción exterior: (a) sistematiza la planificación estratégica y el control de su ejecución; (b) institucionaliza el proceso de coordinación y consulta a través del Consejo de Política Exterior; (c) refuerza el control parlamentario de nuestra política exterior; y (4) establece mecanismos para racionalizar el despliegue exterior.
Por su parte, la Estrategia de Acción Exterior surge de la constatación de que era necesaria una re-evaluación de las prioridades, objetivos y acciones, y para su elaboración se llevó a cabo un amplio proceso de consultas tanto a nivel institucional como con la sociedad civil. El resultado ha sido un documento que acomoda las aspiraciones de la gran mayoría de la sociedad española y que, de cara al futuro, se adaptará a los cambios y circunstancias sobrevenidas que se registren en el contexto internacional mediante la incorporación de las modificaciones propuestas en el Informe Anual de Acción Exterior.
Me parece un buen ejercicio que, como país, seamos capaces de elaborar y consensuar documentos estratégicos tanto en el ámbito de la política exterior como en el de la seguridad nacional, dos áreas que forman parte de lo que llamamos políticas de Estado. Son instrumentos útiles, sobre todo si son hechos con rigor y precisión, si tienen calado y señalan prioridades, objetivos y medios, y, fundamentalmente, si son el fruto del diálogo y el acuerdo con las demás fuerzas políticas y otros agentes económicos y sociales implicados. Quiero decir con esto que ese ha sido el caso de la Estrategia Española de Seguridad, consensuada tanto en 2011 con gobierno socialista, como en 2013 con gobierno popular. Sin embargo, hemos tenido una posición crítica respecto de la Estrategia de Acción Exterior presentado por el gobierno, tanto en el fondo como en la forma del documento. Lo mismo ha ocurrido con la Ley de Acción Exterior, que se ha sacado adelante sin apenas diálogo y sin consenso y, por ello, hemos planteado la necesidad de elaborar una nueva norma de reforma del servicio exterior, consensuada y con vocación de permanencia, basada en objetivos estratégicos acordes con el reflejo de lo que es hoy España y en la que se dibuje el modelo de país que queremos.
Tener una buena Ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado es siempre positivo. Tener un mal proyecto, como el aprobado por el Partido Popular (PP), es perjudicial. Es una ley que sirve a la ideología y a los intereses del PP, que por muy respetables que sean, poco o nada tienen que ver con las necesidades o los intereses de todos los españoles. Es curioso ver como aquellos que más hablan de la necesidad del consenso en la política exterior, no lo practican cuando gobiernan. Es urgente modificar tanto la ley como el documento de estrategia.
El hecho en sí de que se haya realizado este ejercicio de revisión es positivo. Aunque sólo sea a nivel simbólico, reconocer nuestras deficiencias nos pone en camino a la solución. Es muy importante que comencemos a incorporar la planificación y evaluación en nuestra acción exterior. Era algo incomprensible que en nuestra democracia no se haya formulado antes. No obstante, el gobierno desaprovechó la oportunidad de lograr un consenso mayor y los documentos generados no tienen nada de ambición política ni de pensamiento estratégico. No son lo que dicen ser. Se trata más bien de un ejercicio sumamente autocomplaciente y acomodaticio al bajo perfil en política exterior de los últimos años. Además, lo declarado tampoco es coherente con las acciones de nuestro gobierno, estando demasiado enfocadas en lo económico y dejando de lado componentes esenciales como la internacionalización de la investigación y la promoción de la democracia o los Derechos Humanos. Si el gobierno no sigue su propia estrategia, deja de tener sentido producirla. La Ley de Acción Exterior no toca el problema fundamental que existe: la politización de los instrumentos del Estado. Nosotros llevamos en nuestro programa ir mucho más lejos en este sentido, mejorando la transparencia, incorporando la meritocracia y despolitizando la administración. España necesita una política exterior que se adapte a los nuevos retos y que esté capacitada para analizar, planificar y evaluar sus acciones. El gobierno debe actuar con mayor sentido institucional y no tomar decisiones de espaldas a la ciudadanía.
