En Ciudadanos pensamos que la política exterior es una Política de Estado. Por tanto, las prioridades han de fijarse a partir del mayor consenso político posible. España debe recuperar algo que ha perdido en los últimos años: su papel como actor relevante en la construcción europea, la gobernanza global y la difusión de nuestros valores a través de nuestros lazos culturales. Proponemos tres ejes que serán decisivos en la próxima legislatura: el institucional, el europeo y el ciudadano.
El primer eje hace referencia a la necesidad de introducir la meritocracia y la excelencia en la articulación de nuestra política exterior para ser mejores en la planificación, diseño, evaluación y rendición de cuentas. Se trata de despolitizar lo público y reforzar lo verdaderamente político, en especial Parlamento, Presidencia y Comunidades Autónomas, dotándolas de los recursos necesarios en la adaptación de nuestra acción exterior al entorno. La acción diplomática debe seguir el modelo de la REPER bruselense. Es esencial al mismo tiempo integrar de una manera más eficiente a actores relevantes externos (think tanks, academia, ONG,...) bajo principios de participación transparente y competitiva.
El segundo eje se refiere al papel activo que debe jugar España en la integración política de la UE, algo que pasa por una mejor coordinación a nivel ministerial y un mayor liderazgo político. La Secretaría de Estado de la UE debe depender del presidente del gobierno y no del ministro de Exteriores. Por otro lado, no existen unidades de planificación e inteligencia suficientes, ni una estrategia de internacionalización del conocimiento centralizada.
El tercer y último eje es el ciudadano, donde adquiere un papel central la transparencia y la rendición de cuentas. Además, no podemos permitirnos que el talento español en el exterior se desconecte de nuestro proyecto-país. Los campos culturales, científico, tecnológico y ciertos sectores profesionales deberían tener incentivos para colaborar con el Estado para que cada proyecto personal se integrara en nuestra estrategia.
Nuestra presencia internacional es reactiva, poco estratégica y cortoplacista, acorde al nivel de inversión política realizada. Tradicionalmente, se ha valorado más tener cierta visibilidad política que generar un impacto real o defender los intereses de nuestros ciudadanos. En C’s buscamos proyectos de largo plazo y con ambiciones políticas ligadas a la ciudadanía. Hay muchos ejemplos de esta orientación seguida por los últimos gobiernos del PP y del PSOE (“Unión por el Mediterráneo”, “Alianza de Civilizaciones”,...) que no han apoyado la oportunidad en una estrategia coherente y liderada a nivel político. España tiene potencial y capacidad para incidir mucho más internacionalmente si aprovecha mejor su capital humano e invierte en reformar su organización económica, social y política. Una buena forma de proyectarse fuera es ser ejemplar en ámbitos como la competitividad de nuestras empresas, pymes y emprendedores, la I+D+i, la innovación social y la producción cultural. Necesitamos un internacionalismo más maduro y un europeísmo más comprometido en nuestros cuadros políticos, nuestras administraciones y nuestra sociedad civil. Por ello, hay que apoyar la atracción de talento y la inversión en capital humano de profesionales que colaboren con la estrategia exterior. Algunas de nuestras medidas van en esa línea: creación de consulados científicos, reforma del estatuto de cooperante, transparencia en el nombramiento de embajadores y reforma del reglamento del Congreso de los Diputados.
Para ser un actor global antes hay que tener una política común respaldada por el consenso político de los Estados miembros. Para ello se necesitan acciones inmediatas que reconstruyan la confianza política perdida durante la crisis y abordar de forma seria, en el plazo medio, una reforma institucional que logre la tan necesaria mayor unión política. Creemos que existe mucho margen en torno a conseguir posiciones comunes ante, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde, por otra parte, apostamos por un puesto unificado para la UE o fusionando la representación en instituciones multilaterales. Pero no debemos olvidar que la credibilidad de la UE depende en gran parte del resultado de su propia construcción y las instituciones de las que participa. En este sentido, la falta de credibilidad del Consejo de Europa y la crisis del euro han erosionado nuestra reputación exterior. Europa debe ser menos reactiva y más estratégica, más asertiva en determinados temas como la promoción de la democracia y de los derechos humanos y más pragmática en aquello que le afecta directamente (seguridad, defensa, flujos migratorios, estabilidad en la vecindad, energía, etc.).
Sí. Europa es el mejor horizonte político para salvaguardar y defender nuestras libertades, derechos, bienestar y seguridad. Pero el avance no será lineal ni progresivo. Deberemos optar por cesiones coyunturales en pos de beneficios futuros y actuar de manera estratégica en favor de los intereses de nuestra ciudadanía. No debemos dar por consolidadas ni la democracia ni las libertades en Europa. Debemos pensar fuera de lo establecido e innovar políticamente. Por ejemplo, no sería descabellado pensar en mecanismos de acción inmediata, para que la Comisión Europea no se viera vetada o condicionada por el Consejo, en determinadas circunstancias como crisis humanitarias y amenazas a nuestra seguridad.
Alcanzar esa cifra en una década no es realista. Es necesario asumir compromisos realistas y coherentes con las capacidades de cada socio. España asumió compromisos en la década pasada que comprometen de facto su participación en operaciones internacionales. Ello significa que la planificación debe seguir criterios de operatividad de la acción conjunta. Creemos en una mayor implicación de la Unión en el ámbito de la defensa y en una mayor colaboración con la OTAN. Europa debe dotarse de una arquitectura de seguridad que dé respuesta a los desafíos de nuestro entorno (terrorismo, crimen organizado, ciberseguridad, evasión fiscal...). Ello no es sólo cuestión de capacidades sino de una verdadera política común y para ello es necesario un mayor consenso político. Podemos ser complementarios pero debemos aspirar a ser decisivos en más ámbitos de nuestra seguridad y defensa. Nosotros defendemos la creación de un ejército europeo. El reto es grande pues es necesario concertar las estrategias de nuestra industria militar europea con los objetivos políticos de la Unión y que ello esté legitimado por nuestra ciudadanía. Para lograr ese nivel de consenso hemos de progresar más en compartir una cultura de seguridad y defensa acorde a nuestros valores y principios.
La participación de España debe estar supeditada al cumplimiento del mandato internacional, ser aprobada por el Congreso, representante de los ciudadanos, y al que no se le deben hurtar estos debates, y responder a nuestras capacidades e intereses. Así que dependerá del caso y las circunstancias. Nuestro enfoque es de lealtad a nuestros socios y el respeto de nuestros compromisos. Hemos cometido errores, como la entrada en Irak o la retirada de España de Kosovo sin ninguna coordinación, que no deben repetirse.
La medida, por la importancia a nivel estratégico y de nuestra seguridad nacional, exigía un debate mejor informado y un mayor consenso político del que hubo finalmente. La decisión se ha tomado a escasos meses de las próximas elecciones en procedimiento de urgencia y con una negociación de la que no han trascendido ninguna de las razones que argumenten la decisión. Escuchar a la portavoz de Presidencia defender el acuerdo en base al número de empleos que generará la base es, además de simplista, una afrenta a la capacidad de discernimiento de nuestros ciudadanos.
La UE debe apostar por cerrar acuerdos de libre comercio que tengan un impacto positivo en nuestra competitividad, productividad y creación de empleo. Aunque se ha especulado mucho sobre los riesgos desregulatorios del TTIP lo cierto es que la Comisión está obligada por sus competencias a defender los intereses europeos, de ahí, por ejemplo, que la protección de datos esté fuera del acuerdo. Entre las líneas rojas del acuerdo está el cumplimiento de las reglas de juego de nuestro mercado interior en defensa de nuestros ciudadanos. De todas formas, el TTIP ha de verse como una oportunidad histórica de crear un área comercial que puede, por su peso político y económico, ser no sólo un motor de crecimiento global sino un difusor de los estándares y las reglas bajo las que operan las democracias occidentales.
Para mitigar los riesgos de la desconfianza la clave es, en nuestra opinión, la cooperación y el diálogo. Por poner un ejemplo reciente, España es miembro fundador del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras. La interdependencia de China en la economía global hace que tenga como actor deba asumir también su responsabilidad. No somos partidarios, salvo en casos excepcionales, de medidas de protección y en todo caso deben estar amparadas por un consenso con nuestros socios europeos.
La primera y más importante es la de mejorar nuestra planificación energética. No puede ser que tengamos el doble de capacidad instalada respecto a la demanda y, sin embargo, paguemos una de las facturas eléctricas más caras. Ni tiene sentido presentar un proyecto de apoyo al carbón nacional, con más emisiones de CO2 que el gas, como incentivo medioambiental sin tener en cuenta la legislación europea de ayudas públicas. Tampoco se puede tener una política energética eficiente si los organismos reguladores siguen dependiendo del poder político. El “capitalismo de amiguetes” resulta ineficiente y caro para los ciudadanos. Respecto a los problemas más estructurales a corto plazo, la única solución factible pasa por aumentar nuestro volumen de intercambio con Europa, aunque ello no solucione nuestros déficit internos. Otra solución pasa por incentivar el autoconsumo. Los actuales incentivos no son suficientes para operar el cambio tanto a nivel de consumidores como de empresas. Hemos de dar también estabilidad a la inversión en energías renovables y alcanzar un equilibrio razonable en nuestro mix energético. Para ello, también es importante avanzar en el diálogo europeo con países suministradores. Europa sigue sin negociar con una sola voz, del mismo modo que España no ha sido creíble ni coherente en su estrategia exterior. Esto lastra nuestro poder de negociación. La energía es un eje transversal de la acción exterior del Estado que conecta con nuestras estrategias comerciales, de cooperación y de inversión. El bloqueo del Plan Solar Mediterráneo, una iniciativa que España debía co-liderar, fue un considerable error, como también lo es ser miembro fundador de IRENA y desentenderse de la organización. Debemos aspirar a tener una credibilidad fundada en nuestro propio modelo de organización interna y conectarlo con una estrategia exterior que sea previsible y continua, consensuada con los principales actores (empresas, consumidores, técnicos,...).
España aumentó considerablemente su AOD durante el período anterior a la crisis. Sin embargo, no contaba ni con la capacidad administrativa ni de planificación para gestionar semejante incremento. Estamos convencidos de que en la gestión del dinero público se ha de ser mucho más riguroso y actuar con mayor transparencia y rendición de cuentas. Durante la crisis el recorte ha sido casi del 70%, prácticamente desmantelando dicha política y situándonos a la cola de Europa. No puede existir semejante volatilidad en algo que consideramos importante en nuestra acción exterior. Hemos de invertir más pero en aquello que genere un impacto real sobre los bienes públicos globales y los retornos a nuestra ciudadanía. El objetivo del 0,7% fue establecido en 1980 y sólo cinco países lo han alcanzado (Dinamarca, los Países Bajos, Luxemburgo, Suecia y Noruega). La media de la OCDE es del 0,3% y la de España algo inferior al 0,2%, de los que una buena parte se va a créditos vinculados a comercio. Creo que aunque a nivel político envía una señal clara de compromiso, recogerlo en una Ley puede ser también un claro brindis al sol. Debemos hacer una evaluación seria de qué tipo de AOD puede ejecutar España, cómo mejorar su transparencia y planificación, y cómo integrarla en nuestra acción exterior. Hemos de adaptarnos también al nuevo contexto global, con países emergentes entre el grupo de donantes, una mayor implicación privada y un mayor equilibrio entre los intereses de los países donantes y los de los países receptores. España es un país solidario y forma parte de nuestra reputación como país. Hemos de ponerlo en valor y coordinar mejor nuestras acciones para que la ayuda tenga un impacto en el desarrollo.
Creo que toda estrategia que trate de posicionar con herramientas de marketing la imagen de un país puede ser positiva siempre que se haga de una manera rigurosa e inclusiva. Si es parcial o superficial puede resultar contraproducente por simplista o frívola. Además, es muy importante que dicha estrategia no se trate de un “pegote” en la acción exterior del país ni un ejercicio de propaganda de los éxitos del gobierno en cuestión, sino que se integre de una manera coherente en el resto de acciones y tenga un carácter transversal. Tiene que ser una estrategia pública, no gubernamental. Se ha de medir el impacto de las actuaciones y modificar el diseño de la estrategia para aumentar su efectividad. Una marca-país puede ser poco verosímil si el modelo de país que exporta nuestra política es el de la corrupción, la mala gestión o el desinterés por el plano internacional. Desde C’s defendemos que la iniciativa debe ser evaluada y auditada para que se pueda convertir en un componente efectivo de nuestra estrategia exterior.
El hecho en sí de que se haya realizado este ejercicio de revisión es positivo. Aunque sólo sea a nivel simbólico, reconocer nuestras deficiencias nos pone en camino a la solución. Es muy importante que comencemos a incorporar la planificación y evaluación en nuestra acción exterior. Era algo incomprensible que en nuestra democracia no se haya formulado antes. No obstante, el gobierno desaprovechó la oportunidad de lograr un consenso mayor y los documentos generados no tienen nada de ambición política ni de pensamiento estratégico. No son lo que dicen ser. Se trata más bien de un ejercicio sumamente autocomplaciente y acomodaticio al bajo perfil en política exterior de los últimos años. Además, lo declarado tampoco es coherente con las acciones de nuestro gobierno, estando demasiado enfocadas en lo económico y dejando de lado componentes esenciales como la internacionalización de la investigación y la promoción de la democracia o los Derechos Humanos. Si el gobierno no sigue su propia estrategia, deja de tener sentido producirla. La Ley de Acción Exterior no toca el problema fundamental que existe: la politización de los instrumentos del Estado. Nosotros llevamos en nuestro programa ir mucho más lejos en este sentido, mejorando la transparencia, incorporando la meritocracia y despolitizando la administración. España necesita una política exterior que se adapte a los nuevos retos y que esté capacitada para analizar, planificar y evaluar sus acciones. El gobierno debe actuar con mayor sentido institucional y no tomar decisiones de espaldas a la ciudadanía.
Con tomarse en serio nuestra acción exterior habría mucho camino recorrido. Tenemos un capital cultural envidiado por muchas naciones. Pero nuestras acciones a veces lo desmerecen. Hace tres años los directores del Cervantes de Curitiba y de Recife (en Brasil ambos) se enteraron por los periódicos del cierre de las dos sedes. Medidas de este tipo ensombrecen la Marca España y el autobombo de la lengua como prioridad. Creo que la acción del Cervantes ha sido positiva y debe funcionar como una plataforma de promoción del idioma, pero además se ha de hacer mucho más en otros temas más específicos, como la investigación cultural, la movilidad, la promoción de la industria cultural, el apoyo a pymes y emprendedores o el uso de la lengua en organismos internacionales. No se ha hecho, por ejemplo, un estudio serio de los medios de comunicación latinos y la forma de adaptar nuestra estrategia a dicho panorama. Ello requiere un plan más ambicioso que ponga en valor ese potencial, con acciones específicas que generen un impacto a largo plazo.
La relación pasa por una cierta indefinición y falta de objetivos de futuro. Ello es debido a la fragmentación política de la región y también a la pérdida de peso de España en el ámbito internacional. Se debe avanzar en proyectos conjuntos entre iguales que respondan mejor a las necesidades e intereses de los países de la región. Hay muchos ámbitos en los que se puede profundizar en la relación (educación, tecnología, investigación) pero hemos de hacerlo no con el business as usual sino con nuevos instrumentos de cooperación, más flexibles, menos burocráticos y mejor adaptados a las realidades.
Un objetivo de seguridad, estabilidad y prosperidad con Rusia exige tener en cuenta que el régimen político ruso es muy diferente al europeo y su forma de ver las relaciones internacionales también. De ahí que una vez perdidos los incentivos de cooperar entre iguales, la UE deba jugar otras bazas. La UE tiene poca capacidad para influir en el régimen ruso en asuntos domésticos, pero puede condicionar la acción exterior de Rusia a través de su interdependencia económica y securitaria. Europa también puede convertirse en un aliado preferente de Rusia en cuestiones de modernización de sus infraestructuras, mejora de la competitividad y desarrollo tecnológico. En el corto plazo, Rusia debe entender que la postura europea en torno a Ucrania y la anexión de Crimea no variará, pero si se cumplen los compromisos de Minsk hay oportunidades para relanzar la relación. El grupo Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) presentó en el Parlamento Europeo una ambiciosa propuesta de una conferencia de seguridad que abordara una nueva arquitectura europea como la realizada durante la Guerra Fría, una especie de Helskinki II que pusiera las bases de una colaboración más estrecha y fijara los límites institucionales. No es bueno para Europa que Rusia actúa por libre en Siria. Creo que debemos avanzar hacia escenarios de cooperación conjunta con Rusia a largo plazo siempre que haya un cambio significativo de la situación actual en su área de influencia. Otro paso en esa dirección sería abrir un diálogo a nivel comercial que eliminara desconfianzas políticas entre la UE y la Unión Euroasiática.
Hemos de construir una respuesta unificada y decidida a nivel europeo en pos de la estabilización primero y de la consolidación de los procesos políticos más esperanzadores, como el tunecino. La política comercial y de cooperación no basta. Hemos de fortalecer los mecanismos político-institucionales: en algunos casos a través de la sociedad civil, en otros en cooperación estrecha con los nuevos gobiernos. Lo que no debe olvidar España es que la frontera sur europea es una prioridad para toda Europa. Nos jugamos mucho y la UE debe dejar atrás su ensimismamiento y actuar. No podemos convertir al Mediterráneo en una brecha insalvable para los derechos humanos o en una falla geopolítica en nuestra seguridad. Europa no puede convertirse en una isla de derechos para los migrantes económicos ni en una fortaleza inexpugnable para los refugiados. Para ello es esencial una política exterior y de migración comunes y una estrategia política estable que utilice todos nuestros instrumentos (comercial, diálogo político, inversión, movilidad y cultura). Hemos de convertirnos en un actor fiable que proyecte solidaridad, seguridad y estabilidad en su vecindad porque de ello depende que seamos relevantes a nivel global.
Marruecos es un socio estratégico para España y así debe seguir siéndolo. Hemos llegado muy lejos en algunos aspectos como la seguridad en la relación bilateral pero este éxito ha disminuido el potencial de los marcos multilaterales y quizá ha condicionado otros temas al enfoque securitario. Es muy importante que España sea un factor de integración regional en el norte de África. Eso sólo se puede conseguir en un marco más amplio con la participación de la UE. En este sentido, hemos de ser conscientes de la necesidad de europeizar ciertas políticas sobre las que hemos mantenido el control, como los flujos migratorios. Debemos socializar con nuestros socios partes de las iniciativas hispano-marroquíes. Hasta ahora el componente de seguridad ha sido esencial para entender la relación, pero es necesario equilibrar esta estrategia con una relación de más alcance en el ámbito económico, cultural y de contactos entre ambas sociedades. En general, los marroquíes conocen mucho de España pero el conocimiento de la sociedad española sobre la realidad marroquí es aún limitado y muy mediado por los medios de comunicación. Los intercambios educativos, la colaboración entre empresas y administraciones públicas y la movilidad de investigadores pueden ser decisivos en corregir las percepciones sesgadas en ambas orillas.
Creo que los gobiernos del PP y del PSOE han abusado de la politización de dichos instrumentos y, sin embargo, no han invertido el liderazgo político necesario para impulsar nuestra acción exterior. La política exterior debe estar vertebrada desde un claro liderazgo en Presidencia. Pero ello no significa que los políticos deban estar a cargo de la planificación, el diseño o la implementación y mucho menos la evaluación. Hemos de reducir al máximo el nombramiento de políticos en embajadas o representaciones ante organizaciones internacionales. Hemos de devolver al funcionario la independencia y los medios para tener incentivos en mejorar nuestra acción exterior en beneficio de nuestros ciudadanos. Tenemos que apoyarnos más en los profesionales españoles, sobre todo en los que trabajan en el exterior y volverlos a conectar con un proyecto de país.
Estamos plenamente convencidos de que la política exterior es una Política de Estado y, por ello, nosotros no podemos tomar decisiones que no tengan en cuenta la herencia política ni el consenso con el resto de fuerzas en aquellos temas estratégicos o que vertebran nuestra acción.
La política exterior debe entenderse como un deporte de equipo y no como un partido de tenis, en el que uno juega contra otro. El mejor lugar para construir el consenso necesario es el Parlamento. Pero bajo el reglamento actual y con la escasez de medios existente, nuestro Congreso no puede ejercer como una cámara deliberativa. Al mismo tiempo, apostamos porque la política exterior tenga una mayor presencia en nuestra sociedad. Tenemos que dotar de transparencia a todas nuestras acciones y ponerlas en común con la ciudadanía. No se pueden tomar decisiones sin haber tenido un nivel adecuado de debate público. Los medios de comunicación, los think tanks y las universidades deben ser partícipes de este cambio cultural hacia una mayor apertura a lo internacional. Solo así nuestras instituciones estarán conectadas con los cambios globales y afrontaremos mejor nuestros retos futuros.
