Este gobierno es un firme defensor del libre comercio. Además, el futuro pasa ineludiblemente por más integración, no por más fronteras. Algunos pueden arrastrar los pies, pero es un proceso en marcha.
La conclusión de un acuerdo amplio sobre comercio e inversiones entre la UE y EEUU, que pueda merecer el nombre de “partenariado”, es una aspiración de importancia singular en el propósito de convertir a la UE en un actor de dimensión global. No en vano, su consecución ha sido identificada como una de las 10 prioridades de la actual Comisión Europea encabezada por Jean-Claude Juncker. El verdadero “salto hacia adelante” lo constituiría la firma de un acuerdo ambicioso, que fuese más allá del contenido clásico de los acuerdos comerciales, y que sirviese para marcar los estándares del comercio internacional de bienes y servicios tanto en el ámbito multilateral como bilateral, y sea ejemplo para otros procesos de integración comercial y económica en otras partes del mundo.
Todo ello con las debidas garantías y transparencia, que permitan calmar las inquietudes de quienes ven en la negociación de ciertas partes de este acuerdo una amenaza a los modelos sociales y jurídicos europeos. En ningún caso el TTIP puede ser sinónimo de renuncia para los europeos, sino una oportunidad de constituir un espacio de intercambio y enriquecimiento entre las dos zonas con mayor intercambio comercial del planeta, tanto cuantitativamente (mayor zona comercial del mundo) como cualitativamente (plataforma para sentar estándares y principios de regulación a nivel mundial).
El TTIP es un proyecto de enorme trascendencia económica, porque daría lugar a la mayor área de libre comercio del mundo. Pero, sobre todo, este acuerdo tiene una enorme importancia geopolítica. Lo que está en juego es el modelo económico y social que defendemos y la posición de Europa en el tablero internacional. Por ello, en ningún caso aceptaremos un acuerdo con EEUU que suponga un perjuicio para los intereses de la ciudadanía europea. Tampoco aceptaremos ni un paso atrás en los estándares europeos de protección medioambiental, social y laboral, ni la liberalización de los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y el suministro de agua. El elevado nivel de protección del que disfrutamos en Europa es innegociable. Por otro lado, pedimos máxima garantía en la protección de datos y reivindicamos que se garantice la protección de la diversidad cultural y los servicios audiovisuales en la UE. Asimismo, la garantía de las diferencias entre inversores y Estados debe seguir sometida a los procesos regulares establecidos en la legislación. Por último, defendemos la máxima transparencia de todo el proceso y que la información disponible sea clara y suficiente para dar respuesta a las preocupaciones ciudadanas.
Como venimos expresando en diferentes foros, apostamos por un modelo de comercio que extienda, y no mine, el bienestar de la mayoría y la protección medioambiental, que profundice en el disfrute efectivo de los derechos y libertades contenidos en tratados como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta Europea de Derechos y Libertades, valores supremos que no deben ser supeditados o puestos en suspenso bajo ningún concepto.
Por estas razones, nos oponemos al TTIP porque amenaza nuestra soberanía como país, a la democracia –con sus conversaciones secretas y por encima de los derechos–, a la economía para todos y al Estado de Bienestar y porque el tratado entiende las regulaciones sociales y medioambientales como obstáculos al comercio.
Por esa razón, en nuestro programa incluimos: (a) el compromiso de no ratificar los tratados comerciales TTIP, TiSA y CETA, así como el diálogo con otros gobiernos europeos para que hagan lo mismo; (b) Auditar y terminar todos aquellos Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) que contengan mecanismos secretos de arbitraje privado entre inversores y Estados; (c) promover la creación de una red internacional de gobiernos e instituciones multilaterales –como la UNCTAD y la OIT–, un cambio en las políticas de comercio e inversión del Consejo Europeo y que los países de la UE no presionen a terceros para firmar nuevos tratados de comercio e inversión; y (d) elaborar un estudio de impacto integral –con participación de la sociedad civil– de la Política Comercial Común de la UE en España y en el mundo.
La UE debe apostar por cerrar acuerdos de libre comercio que tengan un impacto positivo en nuestra competitividad, productividad y creación de empleo. Aunque se ha especulado mucho sobre los riesgos desregulatorios del TTIP lo cierto es que la Comisión está obligada por sus competencias a defender los intereses europeos, de ahí, por ejemplo, que la protección de datos esté fuera del acuerdo. Entre las líneas rojas del acuerdo está el cumplimiento de las reglas de juego de nuestro mercado interior en defensa de nuestros ciudadanos. De todas formas, el TTIP ha de verse como una oportunidad histórica de crear un área comercial que puede, por su peso político y económico, ser no sólo un motor de crecimiento global sino un difusor de los estándares y las reglas bajo las que operan las democracias occidentales.
