Considero que existe un alto grado de coordinación, aunque evidentemente todos debemos de trabajar para mejorarlo y reducir posibles disfunciones. En gran medida ese es uno de los objetivos de la Ley y la Estrategia de Acción Exterior, mejorar la coordinación de los distintos actores que tienen proyección exterior, respetando el marco constitucional que establece que la política exterior es competencia exclusiva del Estado y su dirección corresponde al gobierno. Para ello la Ley desarrolla las competencias del Consejo de Política Exterior, órgano colegiado que se configura como órgano asesor del presidente del gobierno.
Con este sistema, sin perjuicio del papel de planificación, ejecución y coordinación de la política exterior que se atribuye al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, se da por tanto una mayor responsabilidad a la Presidencia del Gobierno en la coordinación e impulso de la acción exterior del Estado, con objeto de afrontar más eficazmente la realidad un Estado moderno con diversos niveles políticos y administrativos que a su vez pueden proyectar su acción hacia el exterior en el marco competencial establecido por la Constitución.
Creo que España necesita poder alcanzar objetivos estratégicos, poniendo todos los instrumentos de la acción exterior bajo una misma dirección para alcanzarlos. Bajo mi punto de vista, se hace imprescindible establecer claramente la mayor preeminencia del presidente del gobierno y del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) en la función de dirigir la política exterior. Por otro lado, es fundamental democratizar y hacer más participativa la acción exterior, reconociendo la labor de los distintos agentes que, de hecho, participan en ella (como las Comunidades Autónomas y ayuntamientos, las organizaciones empresariales y sindicales, el mundo de la cultura, los partidos políticos y los parlamentos, etc.). Es decir, se trataría de preservar el papel preponderante del presidente y del MAEC a la vez que se promueve activamente la necesaria coordinación institucional. De hecho, nos hemos comprometido a elaborar una nueva norma sobre el servicio exterior a partir de un amplio diálogo con todas las fuerzas políticas, todas las Comunidades Autónomas y los colectivos implicados.
Dicha descoordinación existe y supone un importante lastre en términos de eficacia y eficiencia pero sobre todo en términos de transparencia y democracia, ya que existe una idea, muy extendida, de que es una política cerrada, arcana y secreta que sólo está al alcance de unos pocos. Para romper con esa dinámica, mejorar la coordinación, abrir la política exterior a la ciudadanía y abordar otros problemas (falta de coherencia de políticas, de priorización de las “3 des”, etc.), Podemos aboga por una reforma a fondo del proceso de creación e implementación de la política exterior, proponiendo:
Creo que los gobiernos del PP y del PSOE han abusado de la politización de dichos instrumentos y, sin embargo, no han invertido el liderazgo político necesario para impulsar nuestra acción exterior. La política exterior debe estar vertebrada desde un claro liderazgo en Presidencia. Pero ello no significa que los políticos deban estar a cargo de la planificación, el diseño o la implementación y mucho menos la evaluación. Hemos de reducir al máximo el nombramiento de políticos en embajadas o representaciones ante organizaciones internacionales. Hemos de devolver al funcionario la independencia y los medios para tener incentivos en mejorar nuestra acción exterior en beneficio de nuestros ciudadanos. Tenemos que apoyarnos más en los profesionales españoles, sobre todo en los que trabajan en el exterior y volverlos a conectar con un proyecto de país.
