Tengo la ambición de que España vuelva a ser activa, relevante e influyente en la UE y en el mundo, con una política exterior al servicio de los ciudadanos, que defienda sus intereses y proyecte sus valores. Nuestra acción exterior, junto con el resto de nuestros socios y amigos, debe aportar ideas e iniciativas a la solución de los desafíos globales. Por ello, actuaremos prioritariamente en tres dimensiones:
España no está jugando en este momento el papel que debiera, ni está asumiendo la parte de responsabilidad internacional que nuestros ciudadanos y nuestros socios y amigos esperan. España debe volver a ocupar el espacio internacional que le corresponde por su población, economía, cultura e historia. Debemos estar presentes en todos los foros en los que se decidan aspectos que afecten a nuestro país y a nuestros ciudadanos. Y debemos hacerlo de manera proactiva, con ideas, propuestas y trabajando conjuntamente con el resto de miembros de la Comunidad Internacional. Nuestro país debe recuperar unos rasgos de identidad propios en el mundo de los que carecemos actualmente:
La UE es indispensable para nuestra prosperidad y nuestra seguridad, para la defensa de la paz y los Derechos Humanos y para garantizar el desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza. Necesitamos a la UE para gobernar la globalización. Y para que la UE se convierta en actor global debemos asegurarnos que tenga todas sus capacidades básicas para dar respuesta a cualquier crisis, de cualquier naturaleza, y evitar la división entre Estados miembros, que debilita la diplomacia europea.
El conjunto de la socialdemocracia siempre ha apoyado la construcción europea, entendida no solamente como la consecución de un gran mercado sino como un proyecto político basado en la solidaridad, el interés mutuo y la soberanía compartida entre países. De ahí que los socialistas europeos, y por supuesto el PSOE, sigamos aspirando a que la UE se convierta en un espacio supranacional de corte federal. Al mismo tiempo, los Estados miembros queremos retener una parte de los instrumentos necesarios para desarrollar políticas nacionales propias. Por todo ello, una Europa federal es la opción que mejor encaja ambos deseos.
Como partido de gobierno que somos, el PSOE ha apoyado, por lo general, los acuerdos alcanzados por España en el seno de las organizaciones a las que pertenecemos. En relación con el asunto concreto que se nos plantea, no nos hemos opuesto al mismo, siempre que la tendencia señalada por la OTAN sea gradual. Además, la política de inversión en defensa no puede abstraerse de la situación económica y, en ningún caso, puede desplazar la atención presupuestaria de necesidades sociales, como la educación, la sanidad o los servicios sociales. No cabe duda de que las prioridades en defensa deben ser aquellas inversiones que garanticen la adecuada operatividad de nuestras fuerzas armadas en plenas condiciones de seguridad. En este sentido, hemos propuesto, sin obtener aceptación ni respuesta por parte del gobierno:
Durante la última legislatura el PSOE ha respaldado todas las solicitudes de participación de tropas españolas en el exterior que ha llevado al Congreso de los Diputados el gobierno. Este apoyo es coherente con lo que ha sido la postura del Partido a este respecto, tanto en el gobierno como en la oposición, que no es otra que respaldar el papel solidario y comprometido de España en el ámbito internacional y dentro de las organizaciones de las que somos parte, como un socio fiable dispuesto a asumir sus responsabilidades en las tareas humanitarias, de mantenimiento de la paz, resolución de conflictos y de garantía de la seguridad. No se trata meramente de una cuestión de número, sino que se trata del compromiso como Estado de participar, dentro de nuestras capacidades operativas y presupuestarias, de la manera más eficaz y eficiente posible en el cumplimiento de las misiones y responsabilidades que en dicho marco nos requieran, siempre buscando el mayor grado de multilateralidad posible y con pleno respeto a la legalidad internacional y a las resoluciones de Naciones Unidas. Nuestra participación en las misiones debe ir acorde a nuestras capacidades operativas y a la gravedad de la amenaza a la que nos enfrentamos. Cuanto mayores sean ambas, mayor será nuestra participación.
Como se ha señalado, el PSOE entiende, y así lo ha demostrado estando en el gobierno, que España es un actor en la escena internacional fiable, responsable y solidario en la gobernanza mundial. También es un socio leal de sus aliados. El PSOE ha votado a favor de la aprobación del Tercer Protocolo de Enmienda del Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España y EEUU, de 1 de diciembre de 1988, y sus Enmiendas, hecho en Washington el 17 de junio de 2015, negociado por el gobierno y sometido a ratificación por el Parlamento. Entendemos la existencia de esta base y la de Rota, como una garantía de nuestra seguridad y como una oportunidad de mantener lazos más estrechos con nuestros aliados. A nadie se le oculta que una de las mayores amenazas a la seguridad de España la constituye Daesh y la desestabilización del Magreb y el Sahel que, tanto este movimiento como al-Qaeda, pueden generar. Por ello, consideramos fundamental cualquier muestra del compromiso de nuestros aliados con la seguridad en el flanco sur de Europa. No obstante, creemos que el gobierno ha desaprovechado una formidable oportunidad para ampliar nuestra relación con EEUU, durante la negociación, a aspectos como el empresarial y el cultural. También creemos que la negociación ha estado sometido a un oscurantismo impropio de lo que debería ser una política de Estado en un país democrático.
El TTIP es un proyecto de enorme trascendencia económica, porque daría lugar a la mayor área de libre comercio del mundo. Pero, sobre todo, este acuerdo tiene una enorme importancia geopolítica. Lo que está en juego es el modelo económico y social que defendemos y la posición de Europa en el tablero internacional. Por ello, en ningún caso aceptaremos un acuerdo con EEUU que suponga un perjuicio para los intereses de la ciudadanía europea. Tampoco aceptaremos ni un paso atrás en los estándares europeos de protección medioambiental, social y laboral, ni la liberalización de los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y el suministro de agua. El elevado nivel de protección del que disfrutamos en Europa es innegociable. Por otro lado, pedimos máxima garantía en la protección de datos y reivindicamos que se garantice la protección de la diversidad cultural y los servicios audiovisuales en la UE. Asimismo, la garantía de las diferencias entre inversores y Estados debe seguir sometida a los procesos regulares establecidos en la legislación. Por último, defendemos la máxima transparencia de todo el proceso y que la información disponible sea clara y suficiente para dar respuesta a las preocupaciones ciudadanas.
China es la segunda economía y el mayor exportador del mundo. Los intercambios comerciales entre la UE y China superan a día de hoy los 1.000 millones de euros al día. Es el segundo socio de la UE en volumen comercial, por detrás de EEUU, y nuestra mayor fuente de importaciones, por un amplio margen. Sin duda, la relación con China es uno de los más importantes desafíos de la política comercial europea. China ha experimentado un elevado y sostenido crecimiento de su economía basado en sus exportaciones desde que entró en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y decidió someterse a la normativa internacional para garantizar un terreno de juego equitativo en el comercio. Sin embargo, es cierto que productores chinos de diferentes sectores han sido acusados de no respetar las prácticas competitivas del comercio internacional al practicar el dumping y beneficiarse de subsidios y créditos a la exportación, no permitidos por las reglas de la OMC. En tales casos, la OMC establece que si efectivamente se demuestra tal situación los países afectados puedan aplicar instrumentos de defensa comercial perfectamente regulados, limitados en su alcance y bien definidos, que son esenciales para evitar desequilibrios y cuya eficacia está más que demostrada. No se trata, en absoluto, de medidas proteccionistas, sino defensivas. En este sentido, la UE ha iniciado investigaciones anti-dumping y anti-subvención a China en varios sectores, como el de los paneles solares y células fotovoltaicas, el sector tecnológico, el siderúrgico, las bicicletas y el papel, entre otros. Considero fundamental que los gobiernos y la industria de la UE trabajen juntos para identificar este tipo de prácticas ilegales y poder defender un crecimiento justo, basado en la competitividad, la justicia social y en igualdad de condiciones con nuestros competidores. Con todo, China es una economía cada vez más moderna y el gobierno chino está realizando importantísimas transformaciones para tratar de adaptarse a las reglas del comercio mundial y mejorar las condiciones sociales y laborales de sus trabajadores. Creo que es fundamental que tanto desde el gobierno de España como desde la Comisión Europea se estudie el impacto que tendrá a medio plazo la creciente influencia comercial de China en la industria y el empleo y, en base al mismo, diseñar una estrategia de reindustrialización adecuada que necesariamente debe incluir una mayor inversión tecnológica y en I+D+i.
Queremos suscitar un amplio debate y consenso sobre la hoja de ruta para la transformación de nuestro modelo energético. Queremos definir, en el marco de las políticas de energía y clima, en los horizontes de 2030 y 2050, una política energética que asegure a los ciudadanos el acceso a la energía a precios asequibles y convierta el sector energético en factor de competitividad y en motor de innovación, desarrollo y generación de empleo, reduciendo nuestra dependencia de los combustibles fósiles, impulsando el autoabastecimiento, fortaleciendo la seguridad de suministro, y luchando eficazmente contra el cambio climático. El objetivo: energía para todos sin superar 1,7 toneladas anuales de CO2 per cápita en 2050. Será un sistema cada vez más descentralizado, con más generación de pequeña escala distribuida, en su mayor parte renovable, y un gran desarrollo de servicios energéticos orientados a gestionar más eficientemente el consumo. La innovación tecnológica, la maduración y el abaratamiento de las energías renovables y, en particular, de la energía fotovoltaica, las telecomunicaciones y la automatización de los hogares nos deben ayudar en esa dirección. Pero, además, los socialistas valoramos la contribución de ese nuevo modelo energético a la democratización económica, es decir, fortalecer el protagonismo de los ciudadanos en la gestión de la energía.
Los gobiernos socialistas hicieron un esfuerzo para desarrollar una política pública de cooperación coherente y alineada con la agenda internacional de desarrollo. Es necesario recobrar un papel relevante en el contexto internacional, justo cuando se acaba de aprobar la nueva agenda de desarrollo post 2015. España debe recuperar su compromiso global por el desarrollo sostenible, la lucha contra la pobreza y la desigualdad, como seña de identidad de nuestra acción exterior. Eso implica un aumento de recursos y una nueva alineación en nuestra política exterior. Buscaremos alcanzar el objetivo de financiación del 0,7% del PIB para la AOD a medio plazo, porque seguimos considerándolo un compromiso ético y político y un hito en la historia de la solidaridad internacional. Para ello, nuestro horizonte es doblar nuestra AOD en la próxima legislatura. La idea de consagrar el 0,7% en una Ley es algo deseable siempre que se alcance el suficiente consenso para ello.
Al gobierno del Partido Popular (PP) le ha preocupado más España como Marca que España como país. Se ha dado prioridad a lo superficial, a la obsesión por la imagen, por el envoltorio, por la “Marca España”. Y aunque podamos coincidir en que es necesaria la promoción y defensa de la actividad empresarial en el exterior, la economía no debe dictar de manera obsesiva y exclusiva la política exterior. Los intereses privados nunca deben ser confundidos con el interés general. Como he señalado antes, quiero que España vuelva a ser un referente en la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la pobreza, y ser conocidos y reconocidos por nuestro modelo de sociedad y de bienestar. La “Marca España” puede tener su encaje en la promoción y defensa empresarial pero no puede ser el núcleo central de nuestra acción exterior. España merece metas más elevadas. Nuestros socios en el mundo esperan una participación más activa de España en la gobernanza mundial. Además, “Marca España” no puede ser un instrumento de mero prestigio internacional, debe tener un verdadero contenido que nos añada valor en nuestra proyección exterior.
Me parece un buen ejercicio que, como país, seamos capaces de elaborar y consensuar documentos estratégicos tanto en el ámbito de la política exterior como en el de la seguridad nacional, dos áreas que forman parte de lo que llamamos políticas de Estado. Son instrumentos útiles, sobre todo si son hechos con rigor y precisión, si tienen calado y señalan prioridades, objetivos y medios, y, fundamentalmente, si son el fruto del diálogo y el acuerdo con las demás fuerzas políticas y otros agentes económicos y sociales implicados. Quiero decir con esto que ese ha sido el caso de la Estrategia Española de Seguridad, consensuada tanto en 2011 con gobierno socialista, como en 2013 con gobierno popular. Sin embargo, hemos tenido una posición crítica respecto de la Estrategia de Acción Exterior presentado por el gobierno, tanto en el fondo como en la forma del documento. Lo mismo ha ocurrido con la Ley de Acción Exterior, que se ha sacado adelante sin apenas diálogo y sin consenso y, por ello, hemos planteado la necesidad de elaborar una nueva norma de reforma del servicio exterior, consensuada y con vocación de permanencia, basada en objetivos estratégicos acordes con el reflejo de lo que es hoy España y en la que se dibuje el modelo de país que queremos.
La lengua española es uno de los elementos que más nos proyectan en el mundo como país. El dinamismo de la cultura en español está entre los mayores del mundo y, sobre todo, entre los más apreciados en cualquier otro país. Articular una estrategia con América Latina para la potenciación y expansión del español y de nuestra cultura en el mundo es un objetivo fundamental. El caso de EEUU es especialmente relevante, al ser un idioma en creciente expansión en toda su población, latina y no latina.
América Latina es imprescindible para España en todos los ámbitos. Con los países latinoamericanos formamos una comunidad de valores e intereses que contribuye a nuestro desarrollo y nos aporta valor añadido en nuestra proyección global. En los últimos años la región ha experimentado un considerable desarrollo económico y social, con creciente protagonismo de su sociedad civil. Las distintas iniciativas de cooperación e integración regionales que se están desarrollando son una oportunidad para hacer avanzar al conjunto de la región en el escenario global. América Latina se siente más segura de sí misma. Tiene la capacidad y la voluntad de abordar sus propios retos de manera coordinada, privilegiando el diálogo y la concertación. Y también tiene la capacidad y la voluntad de participar en los asuntos internacionales.
Y sin embargo, tengo la sensación de que, en esta última legislatura, España ha sido menguante en América Latina. A pesar de que nuestro país ha sido uno de los pocos países desarrollados, quizá el único, que ha diseñado y puesto en marcha una política global hacia la región, tengo la sensación de que hemos perdido una oportunidad. Los socialistas queremos redoblar el esfuerzo en la relación con Iberoamérica como eje estratégico. Y lo queremos hacer recuperando la importancia central de la política a través de una relación renovada, basada en el respeto, el reconocimiento y la simetría. Una relación basada en la colaboración y la concertación, en el esfuerzo compartido. Es fundamental desarrollar un diálogo directo y asegurar una interlocución sólida, fluida y permanente con todos y cada uno de los gobiernos iberoamericanos, que nos permita abordar, por ejemplo, los asuntos referidos a la promoción de los derechos y libertades y la protección de los derechos humanos en la región. El diálogo no es necesariamente sinónimo de acuerdo. Pero, sin duda, ese diálogo y un marco de relaciones políticas sólido es el que nos permite superar nuestras diferencias, tejer compromisos, impulsar las relaciones económicas y comerciales, y conseguir resultados concretos. La Comunidad Iberoamericana de Naciones es otro instrumento que debemos impulsar y profundizar, dando paso al intercambio y relación de nuestras sociedades civiles más allá de las relaciones políticas.
Desde que surgió el conflicto, hemos abogado por mantener los cauces de interlocución abiertos con Rusia. Porque la solución ha de ser política y llegar a partir del diálogo. Sin embargo, se debe respetar el Derecho Internacional y la integridad territorial de Ucrania. Necesitamos sustituir la lógica de la confrontación por la de la cooperación. Rusia es un interlocutor necesario en la resolución de numerosos asuntos clave internacionales, como Siria, Irán, el proceso de paz en Oriente Próximo y la lucha contra el terrorismo, y también sobre cuestiones sectoriales como la energía. Estamos obligados a entendernos.
El Mediterráneo es el mar que tiene las dos orillas más desiguales del planeta. La pobreza, el paro y la falta de oportunidades de la orilla sur alientan la violencia, la radicalización y la inestabilidad. La aparición de Daesh y la violencia yihadista constituyen una grave amenaza, no sólo para la vida de seres humanos sino también para nuestros valores y libertades. Por ello, deberíamos dotarnos de una verdadera estrategia política de largo alcance que haga frente al terrorismo desde el punto de vista de la seguridad, la cooperación policial y de los servicios de inteligencia, pero también para promover y defender los derechos y libertades, el respeto y la tolerancia, así como la iniciativa de la “Alianza de Civilizaciones”. Creo que ha llegado la hora de impulsar un renovado enfoque, una nueva agenda para la cooperación en el Mediterráneo, basada en la corresponsabilidad de todas las partes. Se trataría de dar a las relaciones euro-mediterráneas una nueva dimensión, multilateral, basada en una amplia cooperación y solidaridad, en la que ambas orillas participen en pie de igualdad, con el fin de concretar una iniciativa global mediterránea que recupere y dé nuevo vigor al espíritu del Proceso de Barcelona.
Marruecos es, efectivamente, un socio prioritario para España. De hecho, ambos países mantienen una asociación estratégica que ha adquirido en los últimos años una creciente profundidad, posibilitando un refuerzo continuo de la cooperación sectorial, con resultados concretos y tangibles en el ámbito de la seguridad, las relaciones económicas y los flujos migratorios, entre otros. Ello ha sido posible gracias a la voluntad compartida de recuperar la máxima confianza entre ambos gobiernos, por una parte, y, por otra, de promover un marco estable de cooperación y buenas relaciones de vecindad. Mi intención es seguir por ese camino de fortalecimiento de las relaciones políticas, del diálogo y la concertación. Es precisamente ese clima de respeto y confianza el que nos permite, por ejemplo, abordar con Marruecos la cuestión del Sahara Occidental que, como saben, es una prioridad de la política exterior española y un tema sensible para ambas opiniones públicas. Para España se trata de mejorar las perspectivas del proceso negociador para contribuir a una solución política justa, duradera y mutuamente aceptada, que permita el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui dentro del marco establecido por Naciones Unidas.
Creo que España necesita poder alcanzar objetivos estratégicos, poniendo todos los instrumentos de la acción exterior bajo una misma dirección para alcanzarlos. Bajo mi punto de vista, se hace imprescindible establecer claramente la mayor preeminencia del presidente del gobierno y del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) en la función de dirigir la política exterior. Por otro lado, es fundamental democratizar y hacer más participativa la acción exterior, reconociendo la labor de los distintos agentes que, de hecho, participan en ella (como las Comunidades Autónomas y ayuntamientos, las organizaciones empresariales y sindicales, el mundo de la cultura, los partidos políticos y los parlamentos, etc.). Es decir, se trataría de preservar el papel preponderante del presidente y del MAEC a la vez que se promueve activamente la necesaria coordinación institucional. De hecho, nos hemos comprometido a elaborar una nueva norma sobre el servicio exterior a partir de un amplio diálogo con todas las fuerzas políticas, todas las Comunidades Autónomas y los colectivos implicados.
Nuestra voluntad es que la acción exterior sea una Política de Estado, siendo conscientes de que la Política Exterior también es política. Lo importante para nosotros es alcanzar un consenso sobre cuáles son los intereses de España y el modelo de sociedad que queremos defender y proyectar. Durante esta legislatura, los socialistas hemos tendido la mano al gobierno en los principales asuntos que tienen que ver con la política exterior y la seguridad y defensa. En algunos asuntos hemos logrado ese consenso necesario y en otros no. Tengo que añadir que más por la falta de voluntad del gobierno, que porque existan diferencias de fondo. Aunque, a veces, estas han existido y han sido profundas, como en la guerra de Irak.
Es necesario establecer un diálogo amplio con todas las fuerzas políticas, las Comunidades Autónomas y los colectivos implicados que nos permita trabajar y definir de manera conjunta el modelo de país que queremos y, en este caso, qué política exterior queremos desarrollar, cuáles son nuestras prioridades, qué objetivos y con qué medios. El gobierno del PP ha perdido una oportunidad esta legislatura, en la que se ha aprobado una Ley de Acción y del Servicio Exterior que concitó el raro consenso en su contra de fuerzas políticas, Consejo de Estado y profesionales. Tampoco la Estrategia de Acción Exterior presentada por el gobierno ha logrado el respaldo de ningún grupo parlamentario. Por eso nos proponemos elaborar una nueva a través de un amplio diálogo.
