La reducción de la ayuda al desarrollo se inició ya en la legislatura anterior y continuó en la actual, dadas las restricciones presupuestarias. La voluntad de mi gobierno es, superada la crisis económica, dedicar más recursos a la cooperación al desarrollo, que constituye un elemento clave de nuestra política exterior.
En esta legislatura, siguiendo las directrices del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, hemos procedido a una racionalización de la cooperación al desarrollo para hacerla más eficiente. Hemos procedido a una concentración geográfica y temática. Es evidente que la cantidad de recursos destinados es importante, pero también lo es la calidad de nuestra cooperación al desarrollo. Nuestra inversión en cooperación debe tener impacto real para mejorar la vida de muchas personas.
¿Sería partidario de consagrar ese objetivo en una Ley, como lo ha hecho el Reino Unido? Es una cuestión a estudiar. Sí que soy claramente partidario de incrementar los recursos de la cooperación al desarrollo. Es, quizá, más realista un objetivo político que se module según las circunstancias. Mi experiencia como presidente del gobierno es que una cooperación al desarrollo bien gestionada es una inversión no sólo en la paz, prosperidad, estabilidad y bienestar de los países que la reciben, sino también en la paz, prosperidad, estabilidad y bienestar de los españoles.
Los gobiernos socialistas hicieron un esfuerzo para desarrollar una política pública de cooperación coherente y alineada con la agenda internacional de desarrollo. Es necesario recobrar un papel relevante en el contexto internacional, justo cuando se acaba de aprobar la nueva agenda de desarrollo post 2015. España debe recuperar su compromiso global por el desarrollo sostenible, la lucha contra la pobreza y la desigualdad, como seña de identidad de nuestra acción exterior. Eso implica un aumento de recursos y una nueva alineación en nuestra política exterior. Buscaremos alcanzar el objetivo de financiación del 0,7% del PIB para la AOD a medio plazo, porque seguimos considerándolo un compromiso ético y político y un hito en la historia de la solidaridad internacional. Para ello, nuestro horizonte es doblar nuestra AOD en la próxima legislatura. La idea de consagrar el 0,7% en una Ley es algo deseable siempre que se alcance el suficiente consenso para ello.
La AOD forma parte sustancial de un marco más amplio de financiación pública del desarrollo. En este sentido, desde Podemos consideramos fundamental compromisos claros y concretos de AOD (a partir de los principios de suficiencia, transparencia, previsibilidad y desvinculación de intereses distintos al desarrollo) para alcanzar en un máximo de dos legislaturas el 0,7% de la Renta Nacional Bruta destinado a AOD. La concreción de estas cifras se incluirá en una Ley que sustituya a la actual Ley de Cooperación. Esta Ley será el resultado material de la formulación de un nuevo Pacto Ciudadano por la Justicia Global que, además de los compromisos de AOD, incluya reformas y medidas concretas para avanzar en la coherencia de toda la acción de gobierno con los derechos humanos, la equidad de género y el desarrollo global sostenible y equitativo.
Para reforzar nuestro compromiso con la cooperación, en nuestro programa recogemos la propuesta de creación de un nuevo Ministerio de Igualdad y Solidaridad, responsable de la implementación de la política de cooperación y solidaridad internacional, con un alto nivel de interlocución interministerial y que se encargará de la planificación, dirección e implementación de la totalidad de las acciones que comprenden actualmente la Cooperación Internacional para el Desarrollo (Política de Solidaridad y Cooperación, Acción Humanitaria, Educación para la Ciudadanía Global, Investigación para la Justicia Global y el Desarrollo Sostenible...), incluyendo la gestión de sus instrumentos financieros, reembolsables o no, y la acción para la justicia económica global. El Ministerio se encargará igualmente de garantizar la coherencia de políticas para el desarrollo.
España aumentó considerablemente su AOD durante el período anterior a la crisis. Sin embargo, no contaba ni con la capacidad administrativa ni de planificación para gestionar semejante incremento. Estamos convencidos de que en la gestión del dinero público se ha de ser mucho más riguroso y actuar con mayor transparencia y rendición de cuentas. Durante la crisis el recorte ha sido casi del 70%, prácticamente desmantelando dicha política y situándonos a la cola de Europa. No puede existir semejante volatilidad en algo que consideramos importante en nuestra acción exterior. Hemos de invertir más pero en aquello que genere un impacto real sobre los bienes públicos globales y los retornos a nuestra ciudadanía. El objetivo del 0,7% fue establecido en 1980 y sólo cinco países lo han alcanzado (Dinamarca, los Países Bajos, Luxemburgo, Suecia y Noruega). La media de la OCDE es del 0,3% y la de España algo inferior al 0,2%, de los que una buena parte se va a créditos vinculados a comercio. Creo que aunque a nivel político envía una señal clara de compromiso, recogerlo en una Ley puede ser también un claro brindis al sol. Debemos hacer una evaluación seria de qué tipo de AOD puede ejecutar España, cómo mejorar su transparencia y planificación, y cómo integrarla en nuestra acción exterior. Hemos de adaptarnos también al nuevo contexto global, con países emergentes entre el grupo de donantes, una mayor implicación privada y un mayor equilibrio entre los intereses de los países donantes y los de los países receptores. España es un país solidario y forma parte de nuestra reputación como país. Hemos de ponerlo en valor y coordinar mejor nuestras acciones para que la ayuda tenga un impacto en el desarrollo.
